En España resulta barato agredir a policías

LOS SINDICATOS APUNTAN QUE AGREDIRLES SÓLO CUESTA 30 EUROS Y QUE LA LENTITUD DE LA JUSTICIA HARÁ QUE LOS HECHOS SE JUZGUEN DENTRO DE TRES AÑOS

El pasado sábado, más de medio centenar de policías fue brutalmente agredido por un numeroso grupo de radicales que previamente habían participado en la denominada Marcha de la Dignidad. Algunos de los agresores, perfectamente organizados y asociados para delinquir, utilizaron navajas, martillos, y lanzas para atacar a los agentes, a los que previamente habían rodeado. Tras los hechos, fueron detenidas una veintena de personas, pero solamente una de ellas ingresó en prisión. Esta situación, evidencia una vez que agredir a la autoridad en numerosas ocasiones queda impune o tiene unas penas mínimas.

Para los representantes policiales, el problema no es de la legislación y sí de como se aplica. Mientras, los juristas apuntan que, antes de condenar a prisión a un detenido hay que tener en cuenta diferentes circunstancias -como el riesgo de huida o la posibilidad de destruir pruebas-. Otra circunstancia que apuntan los abogados y dificulta las condenas de los agresores es que sean los propios agentes los que presentan la denuncia y no la Policía Judicial. En cualquier caso, que ahora estén en libertad los agresores no implica que no sean juzgados, aunque en el mejor de los casos, su juicio tendrá lugar dentro de tres años.

El abogado Antonio Alberca asegura que la legislación deja clara la diferencia entre el delito de atentados -con o sin lesiones- y la desobediencia o resistencia a la autoridad y considera que eso es lo que habrán tenido en cuenta los jueces.

Admite que en España es muy difícil que alguién vaya a prisión de forma provisional y que los jueces toman en consideración fundamentalmente dos circunstancia para tomar la decisión de mandar a una persona a la cárcel: el riesgo de huida y la posible de destrucción de pruebas.

Más tolerancia en las grandes urbes

"El nivel de tolerancia en las grandes ciudades es diferente al de las pequeñas localidades, en las que resulta más fácil que alguien vaya a prisión por delitos similares a los cometidos en una capital", apunta Alberca. Al tiempo, considera que la prisión no puede puede ser, en cualquier caso, un adelanto de la pena y que los jueces tienen muy en cuenta la presunción de inocencia.

"La Justicia es lenta y posiblemente los delitos del pasado sábado tarden tres o cuatro años en ser juzgados", asegura. "Los jueces normalmente no toman la decisión de la prisión provisional, una fórmula que implica tener hasta dos años en la cárcel a una persona -en alguna ocasión se puede prolongar otros dos-, en espera de juicio", señala.

Alberca apunta a varios artículos del Código Penal que podrían llevar a prisión durante diez años a los detenidos el sábado. El 551, atentado contra la autoridad, prevé una pena de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses. Mientras, por desórdenes públicos (557) podrian ser condenados a entre seis meses y tres años de prisión. Además, podrían concurrir circunstancias, como la asociación ilícita que agravarían las penas.

Para Marcelino Sexmero, magistrado y portavoz de la asociación judicialFrancisco de Vitoria, el hecho de que solo uno de los radicales que el pasado sábado participaron en los ataques a los policías esté tiene que ver que sólo en ese individuo se probaron hechos suficientemente graves -lesiones y desordenes- como para entrar en prisión. "La Policía detiene a quien puede detener, pero luego es complicado probar el hecho delictivo", apunta. Un problema añadido es que en el lugar de los hechos no esté presente la Policía Judicial y que sean los propios agentes los que tienen que presentar el atestado.

Para el abogado Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias, que casi la totalidad de los detenidos saliesen libres tiene que ver con las decisiones de los jueces, "poco favorables a la labor judicial". Bernard, que asegura sentirse sorprendido por que solo un agresor esté en prisión, anuncia que consensuará con las asociaciones policiales la personación como acusación civil en este caso.

"El problema es la mala aplicación de la ley"

Por su parte, el secretario general y portavoz del Sindicato Independiente de Policía (SIPE), Alfredo Perdiguero, el problema no está en las leyes sino en su mala aplicación. “Los jueces tiene que aplicar el Código Penal y las personas que han causado estos incidentes tendrían que estar en la cárcel. Sin embargo, en estos casos los fiscales han pedido faltas leves y sus agresiones solo les han costado 30 euros. Si hubieran pagado con cárcel y con dinero sus actuaciones no se envalentonarían como lo hacen ahora. Se crecen porque están ‘respaldados’ por la Justicia para hacer lo que les de la gana. Es imprescindible que los jueces se pongan manos a la obra para que no sigan reventando o rompiendo Madrid y causando bajas”.

Mientras, el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Serafín Giraldo, apunta a una criminilización, generalizada, de la Policía.“Ya no vestimos de gris, vestimos de azul y aun así la gente la paga con nosotros. Luego estas personas necesitan algo y piden ayuda  a la policía”,señala.

La portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales,María Lucia Girón Conde, asegura, que ante las detenciones, "la Policía elabora un atestado recogiendo las circunstancias en las que han ocurrido estos hechos. Y en función de estas circunstancias que se recojan en el atestado el fiscal hace una calificación inicial de los hechos. El problema está en que para que los hechos sean calificados como delito tienen que aparecer en el atestado como delito de atentado o delito de desobediencia”, explica.

Esta experta señala que en estos casos es muy difícil identificar a la persona en concreto que ha cometido el delito. “No quiere decir que no exista el delito lo que no queda acreditado quien ha cometido el delito”, apunta.


Fuente: La información.com